La justicia no es venganza

En el día 23 de noviembre de 2015, el centenario diario La Nación ha publicado una editorial titulada “No más venganza”. Esta editorial forma parte de una campaña que esta “tribuna de doctrina” viene desarrollando desde hace algunos meses, con otros artículos de opinión y notas con el mismo tinte cuestionable: “Memoria y reconciliación” del 16/08/2015, “Reconciliación, indultos y amnistías” del 21/08/2015 y “Justicia y condena” del 24/08/2015, entre otras.

La editorial del 23 de noviembre.

Los mismos ya fueron respondidos por investigadores/as y organizaciones de Derechos Humanos en manifiestos, notas y entrevistas: “Sobre el pedido de reconciliación de La Nación, Clarín y Perfil”, “Documento acerca de los Pedidos de ‘Reconciliación y/o Perdón’”, “Cómo juzgar a los cómplices civiles”, “La democracia se construye con verdad y justicia”, entre otros.

A pesar de las múltiples voces de rechazo que se alzaron a partir de la editorial del diario, como colectivo de divulgación histórica, en el que participamos personas con diferentes posiciones políticas, creemos que no podemos dejar pasar esta oportunidad de plasmar nuestra propia voz en el debate público y en esta coyuntura particular.

Hay varios aspectos para señalar de ese escrito:

“Venganza”. Ya desde el título aparece este concepto. Los juicios llevados adelante en los últimos años no son ni una venganza, ni una revancha. Son parte de una necesaria reparación con las víctimas del terrorismo de Estado, que no son solamente los detenidos-desaparecidos, sino que esa política de terror estaba dirigida hacia toda la sociedad, que buscaba ser “disciplinada” desde el poder represivo.

Algo muy destacable es que en Argentina no ha habido ni un solo intento de hacer justicia por mano propia. Esto resulta aún más importante a la hora de resaltar la voluntad de Verdad y de Justicia por el contexto posdictatorial: los Juicios a las Juntas que fueron únicamente para las cúpulas de las Fuerzas Armadas (en un contexto diferente al actual, sí, pero con los militares tan desprestigiados que no pudieron negociar una amnistía), las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los indultos a los condenados en el Juicio a las Juntas. En fin, no hubo actos de venganza a pesar de la impunidad reinante, de las visiones de demonización de la militancia (con la respuesta de los organismos de Derechos Humanos de “revictimizar” a los víctimas), del discurso casi burlón de "pacificación", de saber que los genocidas están sueltos sin condena judicial ni social.

Tapa sobre los indultos.

“Actuales violaciones a los derechos humanos (sic)”. No puede asumirse como violaciones a los derechos humanos la condena en cárcel común. Dicha decisión fue tomada tras un juicio, teniendo los acusados la posibilidad de defenderse y bajo todas las garantías de la ley y la división de poderes. Equiparar dicha decisión con la violación a los Derechos Humanos implica desconocer los convenios internacionales sobre el tema y una fuerte irresponsabilidad a la hora de utilizar este concepto.

Sí sería muy útil que un diario de tanta trayectoria dedicara parte de sus páginas a denunciar el gatillo fácil, la violencia de género (y la inacción policial frente a ésta), las vinculaciones entre fuerzas de seguridad y delincuencia organizada, la situación de los presos en las cárceles. Sería más ético para quienes acusan a las políticas de Derechos Humanos como “memoria selectiva”.

Lo que denominan “trágicos hechos” es en realidad la represión estatal, el terrorismo de Estado. Y lo están defendiendo. Al menos, las cosas por su nombre.

“Grupos terroristas”. La caracterización de terrorismo para la historia argentina es compleja. Tanto Montoneros como el ERP (por nombrar los dos ejemplos más conocidos) son lo que se denomina “organizaciones político-militares” que, si bien utilizan la violencia como medio político, no utilizaban entre sus tácticas el terror sobre la población civil sino la abierta y admitida confrontación con el Estado represivo, tanto en el ámbito territorial como desde la doctrina política. Probablemente sólo se les pueda decir “terroristas” a partir del pase a la clandestinidad de Montoneros. O sea, un período muy breve entre 1974 y 1975. Queda clara la intencionalidad de identificar, a partir de una mala lectura histórica, a las organizaciones de los ‘70 con los hechos de terrorismo en París, aprovechando la sensibilidad de los lectores al respecto.

“El aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia”. En los años ‘70, y no sólo en Argentina sino en gran parte del mundo, la violencia era leída como intrínseca al sistema social y económico dominante. Por lo tanto, se entendía que la lucha armada era una respuesta válida frente a la “violencia estructural”. Más allá de lo que podamos pensar hoy sobre esa idea, propia del clima de época propio de los ‘70, debemos realizar una relectura seria sobre la cronología de la violencia política en Argentina.

Violencia política fueron las represiones de los gobiernos conservadores a los obreros a principios del siglo XX, las leyes represivas y expulsivas, las represiones del radicalismo en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, los sucesivos golpes de Estado, desde 1930 y su Sección Especial de Represión contra el Comunismo, hasta la Noche de los Bastones Largos en 1966, pasando por los dos intentos fallidos contra el gobierno de Perón (bombardeo a Plaza de Mayo incluido) y la “revancha gorila” de la Revolución Fusiladora. A partir de 1955, también fueron parte de la violencia política la proscripción de la mayoría electoral, el intento de “desperonización” de la sociedad, los fusilamientos de José León Suárez, la intervención de los sindicatos, la represión a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, etc. Los muertos, detenidos y reprimidos en el ciclo de movilizaciones abierto a finales de la década del ‘60, la masacre de Trelew, los crímenes de la Triple AAA. Un Estado con nulo o poco sustento democrático marcó las décadas del ‘60 y ‘70, proscribiendo por 18 años a uno de los partidos políticos mayoritarios, ejerciendo violencia y limitando la participación ciudadana.

No es posible, bajo ninguna circunstancia, asimilar la violencia directa ejercida por el Estado contra sus propios ciudadanos a la de las organizaciones políticas que, durante unos pocos meses, se basaron en la violencia como vía para enfrentar a un Estado que los reprimía, los perseguía e ignoraba desde hacía casi 20 años los reclamos de los sectores populares.

Entre 1976 y 1983 el gobierno militar argentino, en complicidad con los grupos económicos concentrados, ejercieron un plan sistemático de desaparición de personas, torturas y apropiación de bebés desde el Estado. Sus familias tienen el derecho a saber qué sucedió con cada uno de ellos y a que se juzgue a los culpables por delitos que son imprescriptibles y cuyas consecuencias más vivas se reflejan en el presente de los hoy adultos apropiados, que fueron sustraídos de sus padres y sus familias y crecieron con la identidad sustituida.

Los trabajadores de La Nación repudiaron la editorial.

En este sentido rechazamos el intento del diario La Nación de reinstalar la teoría de los dos demonios. La mención del concepto de “verdad completa” nos introduce en una visión histórica de nuestro pasado reciente que matiza la culpa del Estado sobre el abuso ilegal y clandestino de la hegemonía de la violencia que cada gobierno posee. Bajo ninguna circunstancia puede considerarse “revanchismo” o “venganza” el tardío proceso de justicia para con sus víctimas y la sociedad toda, la cual quedó marcada durante dos décadas por la gris “teoría de los dos demonios”. Equiparar a guerra civil aquello que en realidad fue terrorismo de estado, nos lleva a un retroceso no sólo historiográfico sino también moral, que no puede ni debe volver a imponerse como imagen colectiva de nuestro pasado. El reconocimiento a la tarea incansable de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la libertad de poder marchar todos los 24 de marzo y la implementación de políticas de la memoria por parte de los tres poderes del Estado son conquistas populares que no pueden ponerse en jaque ante la llegada de un nuevo gobierno.

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