El proyecto económico de la última dictadura

Cuando tocamos el tema del autoproclamado "Proceso de Reorganización Nacional" es inevitable hablar de la desaparición forzosa de 30.000 personas. Sin embargo, la categoría "desaparecidos" nos dice poco sobre cada uno de ellos. Al mismo tiempo, diferentes relatos, que los condenan o idealizan, nos quitan aún más la posibilidad de comprensión. Intentaremos en las próximas líneas pensar quienes fueron los 30.000 desaparecidos y por qué fueron exterminados por fuera de la ley.
Antes que nada, debemos aclarar una cuestión. Por más que la Junta Militar enarbolaba el discurso de “lucha contra la subversión”, el objetivo principal de ese golpe cívico militar fue llevar adelante una “revancha social”, un avance contra la clase obrera, en especial contra los sectores más combativos, para instalar un nuevo modelo de acumulación capitalista, en consonancia con las modificaciones del capitalismo global. Entendían como necesaria una desarticulación del modelo de desarrollo industrial de mercado interno y del Estado intervencionista y redistribuidor.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue un golpe anunciado y esperado por muchos sectores
sociales. Se venía construyendo un discurso legitimador a partir de la idea de “lucha antisubversiva”, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, en un contexto de violencia política: tanto de las organizaciones político-militares como de las organizaciones paraestatales. También en el decreto de 1975, el Operativo Independencia, por el que las FFAA obtienen la capacidad legal de accionar en el territorio tucumano para reprimir y desarticular al foco de guerrilla rural, instalado por el ERP, brazo armado del PRT. Esto va a servir como “experimento piloto” de las lecciones aprendidas con norteamericanos y franceses, para luego aplicarlos a escala nacional. Debido a esto, en marzo del ’76 las dos grandes guerrillas argentinas estaban derrotadas: el ERP estaba prácticamente desarticulado y Montoneros se encontraba aislado, a partir de su pase a la clandestinidad. Es decir, la “lucha antisubversiva” que supuestamente venía a combatir "el Proceso" estaba ganada de antemano.
Entonces, si la dictadura no se instaló para reprimir a los jóvenes guerrilleros que tomaban las armar para llevar adelante su proyecto político, ¿por qué se llevó adelante el golpe? A partir del 24 de marzo de 1976 se estructuró un nuevo tipo de Estado de Excepción: el Estado Terrorista, que implicó un cambio cualitativo (con el Estado Militar y el democrático burgués) y una doble faz (Pública y Clandestina) con el terror como método. Una famosa definición de Estado, acuñada por Max Weber, sostiene que éste es una "comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima". En este caso, el Estado terrorista abandona el uso legítimo de la fuerza para utilizar una violencia ilegal. El fin intrínseco de ésta fue la imposición de un modelo económico dependiente, en base a los intereses de los grandes capitales (financieros trasnacionales y la "patria contratista") y los terratenientes.

Distribución de desaparecidos por profesión u ocupación (en porcentajes de victimas)
Obreros: 30,2%
Estudiantes: 21,0%
Empleados: 17,9%
Profesionales: 17,8%
Docentes: 5,7%
Autónomos y varios: 5,0%
Amas de casa: 3,8%
Pers. Fuerzas Seg.: 2,5%
Periodistas: 1,6%
Actores y artistas: 1,3%
Religiosos: 0,3%

Para llevar adelante con éxito ese objetivo era necesario desarticular al movimiento obrero organizado. Debido a esto, la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado pertenecen a la clase obrera. Al mismo tiempo, la difusa categoría de “terrorista” o “subversivo” como el enemigo a combatir intentó extender el terror a todos los sectores de la sociedad: todo posible intento de resistencia iba a ser visto como un peligro a exterminar. Esto se plasmó en discursos como el del gobernador militar de Buenos Aires, el General Ibérico Saint Jean: “Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último, a los indiferentes y a los tibios.”.
El campo de concentración con su lógica y poder concentracionario actúa no sólo sobre el “desaparecido”, sino que también irradia el terror hacia toda la sociedad de “afuera”. El secreto a voces de la existencia de los campos, el conocimiento de hombres y mujeres chupados por los grupos de tareas que no vuelven a aparecer, funcionan como un eficiente mecanismo de diseminación del terror, que lleva a la inmovilidad y paralización. La “sociedad” en su conjunto es la destinataria del poder concentracionario, aunque no todos hayan pasado por un centro de detención clandestino.
Las medidas económicas en el inicio de la dictadura apuntaron a bajar la inflación con medidas de corto plazo. Es importante tener en cuenta que ésta no es un fenómeno técnico económico, sino que es resultante de una puja redistributiva entre fracciones del capital, que intentan apropiarse del excedente que los trabajadores estaban perdiendo a partir de la ofensiva dictatorial con su distribución regresiva del ingreso. Esto permitiría realizar las modificaciones de fondo: cambiar el modelo de acumulación, destruyendo la industrialización sustitutiva.
Otra medida fue la Reforma Financiera de 1977, el primer paso hacia una modificación drástica de la estructura económico-social, basada en la valorización financiera. Las fracciones del capital dominante contrajeron deuda externa para comprar títulos y bonos en el mercado financiero local, se beneficiaron de la diferencia entre la tasa de interés interna e internacional, y fugaron el dinero al exterior. Como nos muestra la película "Plata dulce", la entrada de divisas a una baja tasa de interés no va a ser utilizada por la burguesía en inversiones productivas. Por el contrario, debido a la alta tasa de interés en el mercado financiero nacional, ese capital va a utilizarse con una lógica especulativa. Las empresas comienzan a comportarse como financistas o especuladoras, desplazando la actividad productiva. Esas empresas se transforman en agentes financieros, y la fábrica es una garantía para tomar nuevos créditos. Estas divisas obtenidas a crédito van a acumular una masa de deuda externa, que va a comenzar a exceder las capacidades de pago. La política económica les mostraba a los empresarios que era más simple especular y obtener ganancias de la renta financiera que a través de la producción. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? El cierre de fábricas y el aumento de la desocupación.
Además de la entrada de divisas, el gabinete económico decidió la apertura externa de la economía, permitiendo las importaciones de bienes, competitivos con los productos industriales nacionales. Esta medida complementó la Reforma Financiera, consolidando la redistribución regresiva del ingreso de los asalariados. En su conjunto, se condujo a un proceso de desindustrialización y concentración de capitales, en la que la perspectiva de muchas de las industrias era sobrevivir en vez de crecer, por ejemplo, recurriendo a la importación y ensamble de productos semi-terminados.

Como ya dijimos anteriormente, este proceso es indisoluble del disciplinamiento aplicado a la clase obrera. La desestructuración del modelo de ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) no podía ser llevado adelante sin derrotar al movimiento obrero. Aprovechando la paralización de los sindicatos (generada en parte por el terrorismo de Estado) se decretó el congelamiento de salarios por tres meses y nuevas medidas dirigidas a frenar de una vez para siempre la iniciativa obrera en la lucha distributiva: eliminaron el control de precios, suprimieron las actividades gremiales y el derecho a huelga, reformaron la Ley de Contrato de Trabajo, eliminaron las convenciones colectivas en material salarial y disolvieron la Confederación General del Trabajo. La represión física afectó la capacidad de acción y protesta de los sindicatos. Pero los salarios se mantuvieron relativamente porque durante un tiempo la demanda de mano de obra fue mayor a la oferta. El avance del proceso de desindustrialización revirtió esto, quitándole la poca capacidad de negociación a los trabajadores.
A pesar de un discurso liberal y eficientista, hay sectores de la burguesía que se vieron muy beneficiados de este proceso. Es la denominada "patria contratista", empresas que obtuvieron ganancias extraordinarias a partir de las relaciones con los servicios de la administración estatal. El nuevo discurso liberal encubrió una vieja práctica corporativa: beneficiar a las clases sociales dominantes, en particular, a las empresas que negocian con el Estado, con un trato diferencial de protección y obtención de ganancias extraordinarias. Una contradicción con la crítica a los subsidios a empresas de la etapa anterior. Además, la subordinación estatal a la nueva lógica de la acumulación de capital por parte de las fracciones sociales dominante posibilitó que se estatizara la deuda externa privada. También se llevaron adelante políticas de promoción de industrias en zonas del interior del país. Esto encubría una política de dispersión del conflicto social, desplazando a las fábricas y sus trabajadores de las zonas de industrias más concentradas, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
La salida de divisas, por intereses o por fuga de capitales, proviene del valor producido por los trabajadores, que vieron caer abruptamente su salario real, junto al crecimiento de la desocupación. Esta redistribución regresiva del ingreso es la “revancha social” implícita en el nuevo modelo de acumulación, que destruye a la burguesía industrial y a los trabajadores, aquellos que componían la “alianza defensiva” que habían hecho fracasar los anteriores intentos de dominación económica de los terratenientes y los capitales más concentrados.

Bibliografía

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• Calveiro, Pilar; Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Colihue, 1998.
• Duhalde, Eduardo Luis; El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica, Buenos Aires, EUdeBA, 1999.
• Pucciarelli, Alfredo; "La patria contratista en Argentina. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encierra una vieja práctica", en Pucciarelli (ed.), Empresarios, tecnócratas y militares, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.