Logo de protesta contra Ledesma. |
Les presentamos una colaboración especial de Eliana, una compañera estudiante de Comunicación Social. ¡Muchas gracias, Eli!
Luego del allanamiento de una de las oficinas de la empresa azucarera Ledesma, se encontraron documentos que prueban la participación de la empresa en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
A 36 años del “Apagón de Ledesma” comenzará en la provincia de Jujuy el primero de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos.
El 27 julio de 1976 se recuerda como "la noche del apagón de Ledesma", debido a que, durante un corte del suministro eléctrico, policías, gendarmes y militares allanaron y saquearon viviendas en Libertador General San Martín y Calilegua, provincia de Jujuy.
Más de 400 detenidos, entre ellos estudiantes, trabajadores y profesionales, fueron trasladados en los vehículos de la empresa Ledesma a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecieron atados y encapuchados durante meses sufriendo torturas e interrogatorios. Algunos de los prisioneros fueron liberados, mientras que otros fueron destinados a cárceles y cuarteles militares en distintas partes del país. Treinta de ellos aún permanecen desaparecidos.
La Madre Olga Márquez de Arédez. |
Entre la información encontrada en el allanamiento, había archivos con datos de los detenidos desaparecidos, y de dirigentes sociales, sindicales y de derechos humanos, muchos de los cuales participaron en la Marcha del Apagón del año 2005. Todos estos documentos funcionarán como pruebas de la vinculación de la empresa Ledesma con los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar, en el juicio que comenzó el 12 de julio de 2012 en la provincia de Jujuy.
La Justicia citó a declaraciones indagatorias a Alberto Lemos, ex administrador del ingenio Ledesma, y a Carlos Pedro Blaquier, dueño y titular del directorio.
Olga Márquez de Arédez fue una incansable luchadora por la verdad y la justicia luego de que su esposo, intendente de Ledesma, fuera secuestrado y desaparecido durante el apagón. Ella fue un pilar de la lucha en la región y recibió el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo hasta su fallecimiento en 2005. Para pedir justicia por las víctimas, las organizaciones de Derechos Humanos realizarán un habeas corpus colectivo y exigirán que cesen en democracia las prácticas de espionaje y los métodos aplicados en el terrorismo de Estado.
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